Marco normativo en Colombia para la disposición adecuada de residuos

 

En Colombia, la disposición de residuos está regulada por normativas que promueven separación en la fuente, reciclaje y manejo responsable de residuos.

¿Tiene claro cuáles son las obligaciones que la ley impone a ciudadanos y organizaciones en relación con los residuos ¿Entiende las implicaciones legales y ambientales del incumplimiento? ¿No sabe cómo implementar soluciones prácticas que le permitan cumplir con la normativa y contribuir a la sostenibilidad ambiental? Si su respuesta a estas preguntas es no, ¡no se preocupe! En este artículo de CJS Canecas compartiremos con usted las principales normas colombianas en esta materia, las obligaciones legales asociadas, las consecuencias del incumplimiento y cómo las empresas pueden implementar prácticas sostenibles para cumplir con estas exigencias. ¡No pare de leer!

Normas colombianas para la gestión de residuos

Para garantizar la protección ambiental, la salud pública y el uso sostenible de los recursos, en nuestro país existe un conjunto normativo específico que abarca diversas disposiciones en materia de reciclaje. A continuación compartimos algunas de más importantes: 

• Ley 9 de 1979 

Conocida como el Código Sanitario Nacional, esta ley establece las bases para proteger la salud humana mediante la implementación de normas sanitarias relacionadas con el manejo adecuado de residuos. Entre sus disposiciones, regula la recolección y transporte de desechos sólidos y líquidos, buscando evitar su impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las comunidades. Es un marco general que ha servido como fundamento para normativas posteriores más específicas. 

• Decreto 838 de 2005 

Este decreto establece directrices claras en torno a la disposición final de residuos sólidos, enfatizando la necesidad de su manejo adecuado desde su generación hasta su disposición. Incluye lineamientos para la construcción y operación de rellenos sanitarios, así como para la implementación de sistemas de control que minimicen los riesgos asociados al manejo inadecuado de estos desechos. Esta regulación de residuos sólidos es particularmente importante a la hora de garantizar la adecuada disposición final de los materiales. 

• Ley 253 de 1996 

Mediante esta norma, Colombia ratificó el Convenio de Basilea, un acuerdo internacional diseñado para controlar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación. Este convenio prohíbe el envío de este tipo de residuos a países que no cuenten con la capacidad técnica y de infraestructura para manejarlos adecuadamente. La ley garantiza que las operaciones relacionadas con estos desechos se realicen de manera responsable, evitando daños al medio ambiente y a la salud pública. 

• Resolución 541 de 1994 

Regula específicamente el transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, un tipo de residuo que resulta de actividades de construcción y demolición. La resolución establece los requisitos técnicos y operativos que deben cumplir los responsables de manejar estos residuos, promoviendo su reutilización y reciclaje cuando sea posible para minimizar su impacto ambiental. 

• Decreto 1076 de 2015 

Esta normativa, que compila y sistematiza las normas relacionadas con la gestión integral ambiental, aborda de manera específica el manejo de residuos y desechos. Proporciona un marco integral para la gestión sostenible de residuos, incluyendo aspectos como la separación en la fuente, la recolección, el reciclaje y la disposición final. Además, integra principios de economía circular, incentivando a las empresas y ciudadanos a adoptar prácticas más sostenibles. 

• Guía Técnica Colombiana (GTC) 24 de 2009 

Esta guía técnica establece criterios para la separación de residuos en la fuente, fomentando una gestión más eficiente y sostenible. Aunque no tiene carácter de obligatoriedad, sirve como referencia para diseñar y ejecutar programas de manejo de residuos sólidos en hogares, empresas e instituciones. Su aplicación facilita el reciclaje y la recuperación de materiales aprovechables, reduciendo la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios. 

• Resolución 1297 de 2010 

Dirigida a la gestión ambiental empresarial de pilas y acumuladores, esta resolución establece la obligación de implementar sistemas de recolección selectiva para estos elementos al final de su vida útil. También fija las condiciones para su almacenamiento y tratamiento, dado que contienen materiales peligrosos como plomo y mercurio, que representan riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente.

Obligaciones legales para empresas y ciudadanos

 

Todos los actores sociales, tanto las compañías como las personas naturales, están obligadas a cumplir con ciertas responsabilidades en pro de proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar de las comunidades. Descubra a continuación algunas de las principales: 

Para las empresas

• Implementación de planes de gestión: deben diseñar e implementar planes específicos para la gestión de los residuos que generan, alineados con la normatividad vigente. Estos programas deben contemplar medidas para la recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje y disposición final de desechos, priorizando siempre la minimización de impactos ambientales.

• Cumplimiento de licencias y permisos ambientales: toda actividad empresarial que implique la generación de residuos debe contar con las licencias y permisos necesarios, otorgados por las autoridades ambientales competentes. Estas licencias garantizan que las empresas cumplen con los estándares ambientales requeridos para operar sin causar perjuicios al medio ambiente.

• Incorporación de tecnologías limpias: es imperativo que adopten tecnologías y procesos que minimicen la generación de residuos peligrosos, así como su impacto ambiental. Esto incluye la modernización de equipos, la optimización de recursos y la búsqueda de alternativas sostenibles en sus cadenas productivas.

• Fomento del reciclaje y la reutilización: deben promover la cultura del reciclaje dentro de sus instalaciones y en su relación con proveedores y clientes. Esto incluye la creación de programas internos para la separación de residuos en la fuente y la disposición adecuada de los materiales en las canecas de reciclaje por colores.

• Gestión responsable de residuos peligrosos: las empresas que generan residuos peligrosos, como sustancias químicas o electrónicos, deben asegurarse de manejarlos de manera segura y conforme a las normas establecidas, contratando operadores certificados para su disposición adecuada. 

Para los ciudadanos 

• Separación de residuos en la fuente: deben clasificar los residuos en orgánicos, reciclables y no reciclables desde el momento en que se generan, facilitando así su posterior aprovechamiento. Esta práctica está respaldada por normativas de manejo de basuras como GTC 24 de 2009.

• Uso adecuado de los sistemas de recolección: tienen que entregar los residuos a los sistemas de recolección establecidos por las autoridades locales, respetando los horarios y tipos de recolección selectiva.

• Participación en programas de reciclaje: deben colaborar activamente con programas comunitarios de reciclaje y disposición de residuos peligrosos, como pilas, baterías, llantas y electrodomésticos en desuso. Estos programas buscan reducir el impacto ambiental de residuos específicos que requieren tratamientos especiales.

• Promoción de hábitos de consumo responsable: es indispensable adoptar un enfoque de consumo sostenible. Esto implica reducir el uso de productos desechables, optar por materiales reciclables y minimizar la generación de residuos mediante compras responsables.

• Denuncia de infracciones ambientales: tienen el deber de reportar a las autoridades cualquier actividad que viole las normas ambientales, como el vertido ilegal de residuos o el manejo inadecuado de desechos peligrosos. 

Consecuencias del incumplimiento de la normativa ambiental

 

El Estado ha establecido un régimen sancionatorio robusto que permite a las autoridades imponer medidas estrictas para prevenir, corregir y sancionar las conductas que atenten contra el medio ambiente. A continuación, enumeramos las consecuencias más destacadas que deben enfrentar quienes no cumplan con la normatividad ambiental en Colombia: 

• Multas económicas sustanciales 

Según la Ley 1333 de 2009, las multas pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y tienen carácter sucesivo o diario en casos de infracciones continuadas. Esto significa que, mientras persista la conducta infractora, el infractor puede ser multado diariamente.

• Multas sucesivas: estas se aplican en situaciones donde la infracción se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, si una empresa contamina un cuerpo de agua y no corrige la situación en el plazo establecido, las autoridades pueden imponer multas diarias hasta que cese el daño ambiental.
• Criterios para determinar el monto: factores como el beneficio económico obtenido por la infracción, el nivel de afectación ambiental y la gravedad del riesgo son evaluados para fijar el valor de la multa, según lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015.

El impacto económico de estas multas puede ser devastador para pequeñas y medianas empresas, además de representar una fuerte advertencia para grandes corporaciones. 

• Suspensión o cierre de actividades 

Las autoridades ambientales pueden ordenar la suspensión temporal o el cierre definitivo de actividades que violen las normativas ambientales. Esta medida se aplica en casos de reincidencia o cuando las actividades infractoras representan un riesgo significativo para el medio ambiente o la salud pública.

Por ejemplo, industrias que operen sin licencias ambientales válidas, rellenos sanitarios que incumplan con los estándares de operación o empresas que manejen residuos peligrosos sin cumplir con los protocolos establecidos, pueden ser objeto de esta medida. Este hecho no solo implica pérdidas económicas directas, sino también interrupciones que afectan a empleados, clientes y proveedores.

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Artículo tomado de CJS Canecas